Cuando aún debe cursar dos debates en la Cámara de Representantes y recibir el aval de la Corte   Constitucional, el proyecto de ley 206 de 2010, que busca castigar con cadena perpetua a los violadores de menores, ha sido atacado ferozmente en este mes de agosto, y todo parece indicar que, como sucedió el año pasado, se hundirá. Primero fue la Comisión Asesora Para el Diseño de la Política Criminal del Estado de Colombia, recomendando al gobierno no apoyar la iniciativa por considerarla inconstitucional e inconveniente, por cuanto no ofrece argumentos para probar que la imposición de una pena tal contribuiría a proteger con mayor eficacia a los niños; ahora, la representante Ángela Robledo, quien milita en el Partido Verde junto con la senadora Gilma Jiménez, principal abanderada del tema, ha reiterado su oposición a la implantación de la prisión vitalicia. Jiménez se mostró contrariada por el concepto de la Comisión y declaró que “la lucha por los niños tiene más obstáculos de los que la razón y el corazón señalan son los correctos.”

   No son pocos quienes apoyan a Jiménez en su causa, no en vano obtuvo más de 180 mil votos en las elecciones parlamentarias de 2010. Sin embargo, tal como está planteado, el proyecto no debe ser aprobado y la honorable senadora tendría que responder a las acusaciones de populismo punitivo que se le hacen desde la Comisión y otros sectores políticos.