jueves, 10 de noviembre de 2011

No, por la justicia

Cuando aún debe cursar dos debates en la Cámara de Representantes y recibir el aval de la Corte Constitucional, el proyecto de ley 206 de 2010, que busca castigar con cadena perpetua a los violadores de menores, ha sido atacado ferozmente y todo parece indicar que, como sucedió el año pasado, se hundirá. Primero fue la Comisión Asesora Para el Diseño de la Política Criminal del Estado de Colombia, recomendando al gobierno no apoyar la iniciativa por considerarla inconstitucional e inconveniente, por cuanto el proyecto no ofrece argumentos para probar que la imposición de una pena tal contribuiría a proteger con mayor eficacia a los niños; ahora, la representante Ángela Robledo, quien milita en el Partido Verde junto con la senadora Gilma Jiménez, principal abanderada del tema, ha reiterado su oposición a la implantación de la prisión vitalicia. Jiménez se mostró contrariada por el concepto de la Comisión y declaró que “la lucha por los niños tiene más obstáculos de los que la razón y el corazón señalan son los correctos.”

No son pocos quienes apoyan a Jiménez en su causa, no en vano obtuvo más de 180 mil votos en las elecciones parlamentarias de 2010. Sin embargo, tal como está planteado, el proyecto no debe ser aprobado y la honorable senadora tendría que responder a las acusaciones de populismo punitivo que se le hacen desde la Comisión y otros sectores políticos. 

Y es que autodenominarse “la senadora de los niños” y dar a entender en sus declaraciones públicas que quienes no apoyan el proyecto están en contra de los niños y a favor de los delincuentes es una irresponsabilidad indigna de una política con la fuerza electoral de Jiménez. ¿Cómo defender un proyecto que distorsionaría  la base fundamental del estado social de derecho que rige en el país? Como lo ha dicho la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, la cadena perpetua no es una herramienta  de persuasión efectiva en contra de los violadores de niños, además de ir “en contravía de los Derechos Humanos y los tratados internacionales”.  Hay un orden, un deber ser de las cosas que debe ser respetado y nunca vulnerado, menos aun en nombre de una propuesta que hiede a populismo. 
Jiménez alega –adoptando un papel de víctima que no le queda nada bien- que ha encontrado  “más obstáculos de los que la razón y el corazón señalan son los correctos” en el camino de la defensa de los menores y dice no haber reparado nunca en el delincuente, pensando siempre en las víctimas. Lo razonable sería aceptar el mandato constitucional sobre el camino que todo proyecto de ley debe cursar, o ¿esperaba la senadora que su iniciativa no tuviera que pasar por el proceso normal? Haciendo caso a lo que señala la constitución, la Corte Constitucional tumbó en mayo de 2010 el proyecto presentado en 2009, porque en el Congreso se modificó el texto original y porque el trámite legislativo se inició sin que la Registraduría certificara que se habían respetado los topes de financiación. Jiménez, testaruda, consideró que aquellos vicios eran subsanables y presentó nuevamente el documento en diciembre pasado. Éste apenas obtuvo los votos necesarios para pasar los primeros dos debates porque, como dice la representante Robledo, este no era un tema del Partido Verde, pero que obtuvo el apoyo de sus congresistas por obediencia de bancada. Si los obstáculos a los que hace referencia Jiménez son los conceptos de la Fiscal General de la Nación, el Procurador, el Defensor del Pueblo y la Comisión Asesora de Política Criminal, el argumento suena más a pataleta que a razón, la pataleta de quien no puede hacer lo que quiere como quiere.

Lo siento, Senadora Gilma Jiménez, la ley está para cumplirla. “Dura es la ley, pero es la ley”, decía un refrán de los antiguos romanos. El estado social de derecho que sustenta el funcionamiento jurídico de nuestra nación se vería afectado negativamente por la aprobación de un proyecto cuyo recorrido ha intentado evadir la ley máxima que es la constitución por varios caminos. Y es que si de algo se sienten orgullosos los colombianos es de su larga tradición democrática. Mientras las demás naciones latinoamericanas vivían el horror de las dictaduras en la década de los setenta del siglo pasado, aquí, mal que bien, se mantuvieron las garantías democráticas. Así debe seguir siendo y el camino es el respeto a las leyes, sobre todo por parte de quienes las hacen.

 Por último, quisiera levantar un interrogante sobre la efectividad de la cadena perpetua como herramienta disuasoria contra el crimen. Según Fair Sentencing For Youth, en California, estado en el cual es posible castigar con la prisión de por vida a un menor, los índices de criminalidad en esa población es mayor a la de muchos estados en donde no existe tal pena.

El referendo que busca imponer cadena perpetua a los violadores de niños es, en definitiva, un proyecto sin pies ni cabeza que no debe ser apoyado por la ciudadanía, por cuanto atenta contra la base del estado social de derecho en el país y su único sustento es el odio. Los colombianos deben ver más allá de la demagogia de Gilma Jiménez e identificar su discurso como aquel que es propio del populismo punitivo.

3 comentarios:

  1. No, por la justicia SIGNOS DE ADMIRACIÓN
    Cuando aún debe cursar dos debates en la Cámara de Representantes y recibir el aval de la Corte Constitucional, el proyecto de ley 206 de 2010, que busca castigar con cadena perpetua a los violadores de menores, ha sido atacado ferozmente y todo parece indicar que, como sucedió el año pasado, se hundirá. Primero fue la Comisión Asesora PARA MINÚCULA Para el Diseño de la Política Criminal del Estado de Colombia QUE RECOMENDÓ , recomendando MAL USO DEL GERUNDIO al gobierno no apoyar la iniciativa por considerarla inconstitucional e inconveniente, por cuanto (el proyecto) SOBRA no ofrece argumentos para probar que la imposición de una pena tal contribuiría a proteger con mayor eficacia a los niños; ahora, la representante Ángela Robledo, quien milita en el Partido Verde junto con la senadora Gilma Jiménez, principal abanderada del tema, ha reiterado su oposición a la implantación de la prisión vitalicia. Jiménez se mostró contrariada por el concepto de la Comisión y declaró que “la lucha por los niños tiene más obstáculos de los que la razón y el corazón señalan son los correctos.”

    No son pocos quienes apoyan a Jiménez en su causa, no en vano obtuvo más de 180 mil votos en las elecciones parlamentarias de 2010. Sin embargo, tal como está planteado, el proyecto no debe ser aprobado y la honorable senadora tendría que responder a las acusaciones de populismo punitivo que se le hacen desde la Comisión y otros sectores políticos.

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  2. Y es que autodenominarse “la senadora de los niños” y dar a entender en sus declaraciones públicas que quienes no apoyan el proyecto están en contra de los niños y a favor de los delincuentes es una irresponsabilidad indigna de una política con la fuerza electoral de Jiménez. ¿Cómo defender un proyecto que distorsionaría la base fundamental del estado social de derecho que rige en el país? Como lo ha dicho la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, la cadena perpetua no es una herramienta de persuasión efectiva en contra de los violadores de niños, además de ir “en contravía de los Derechos Humanos y los tratados internacionales”. Hay un orden, un deber ser de las cosas que debe ser respetado y nunca vulnerado, menos aun en nombre de una propuesta que hiede a populismo.

    Jiménez alega –adoptando un papel de víctima que no le queda nada bien- que ha encontrado “más obstáculos de los que la razón y el corazón señalan son los correctos” en el camino de la defensa de los menores y dice no haber reparado nunca en el delincuente, pensando siempre en las víctimas. Lo razonable sería aceptar el mandato constitucional sobre el camino que todo proyecto de ley debe cursar, o ¿esperaba la senadora que su iniciativa no tuviera que pasar por el proceso normal? Haciendo caso a lo que señala la Cconstitución, la Corte Constitucional tumbó en mayo de 2010 el proyecto presentado en 2009, porque en el Congreso se modificó el texto original y porque el trámite legislativo se inició sin que la Registraduría certificara que se habían respetado los topes de financiación. Jiménez, testaruda, consideró que aquellos vicios eran subsanables y presentó nuevamente el documento en diciembre pasado. Éste apenas obtuvo los votos necesarios para pasar los primeros dos debates porque, como dice la representante Robledo, este no era un tema del Partido Verde, pero que obtuvo el apoyo de sus congresistas por obediencia de bancada. Si los obstáculos a los que hace referencia Jiménez son los conceptos de la Fiscal General de la Nación, el Procurador, el Defensor del Pueblo y la Comisión Asesora de Política Criminal, el argumento suena más a pataleta que a razón, la pataleta de quien no puede hacer lo que quiere como quiere.

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  3. Lo siento, Senadora Gilma Jiménez, la ley está para cumplirla. “Dura es la ley, pero es la ley”, decía un refrán de los antiguos romanos. El estado social de derecho que sustenta el funcionamiento jurídico de nuestra nación se vería afectado negativamente por la aprobación de un proyecto cuyo recorrido ha intentado evadir la ley máxima que es la constitución SIENDO LA CONSTITUCIÓN LA CARTA MAGNA DE UN PAÍS SIEMPRE VA CON C MAYÚSCULO por varios caminos. Y es que si de algo se sienten orgullosos los colombianos es de su larga tradición democrática. Mientras las demás naciones latinoamericanas vivían el horror de las dictaduras en la década de los setenta del siglo pasado, aquí, mal que bien, se mantuvieron las garantías democráticas. Así debe seguir siendo y el camino es el respeto a las leyes, sobre todo por parte de quienes las hacen.
    Por último, quisiera levantar????? un interrogante sobre la efectividad de la cadena perpetua como herramienta disuasoria contra el crimen. Según Fair Sentencing For Youth, en California, estado en el cual es posible castigar con la prisión de por vida a un menor, los índices de criminalidad en esa población es mayor a la de muchos estados en donde no existe tal pena.

    El referendo que busca imponer cadena perpetua a los violadores de niños es, en definitiva, un proyecto sin pies ni cabeza que no debe ser apoyado por la ciudadanía, por cuanto atenta contra la base del estado social de derecho( en el país) SOBRA y su único sustento es el odio. Los colombianos deben ver más allá de la demagogia de Gilma Jiménez e identificar su discurso como aquel que es propio del populismo punitivo.
    BLOG:Material visual: 0.8
    INTRODUCCIÓN: 0.8
    ARGUMENTO PRINCIPAL: 10
    CONTRAARGUMENTO: 10
    FINAL, SECUNDARIOS, TÍTULO: 09
    NOTA : 45

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